el Gobierno de Estados Unidos presentó una «Declaración de Interés» ante un tribunal federal de Nueva York reconociendo a Delcy Rodríguez como la única Jefa de Estado de Venezuela. El documento, firmado por el embajador Michael G. Kozak el pasado 10 de marzo, busca resolver la ambigüedad legal en litigios civiles y penales sobre activos de PDVSA y demandas de derechos humanos. Este paso facilita que representantes designados por Rodríguez defiendan activos estratégicos, como Citgo, y abre la ruta para la reapertura de consulados y la aceleración de inversiones estadounidenses en los sectores petrolero y de minerales críticos.
Desde la perspectiva estratégica de Washington, el reconocimiento responde a la necesidad de estabilizar la región para reducir el flujo migratorio y asegurar el acceso preferencial a las reservas energéticas venezolanas. No obstante, el Departamento de Estado subrayó que este movimiento no representa un aval incondicional, sino un proceso condicionado a avances democráticos y al cumplimiento de compromisos institucionales. Mientras se firman acuerdos por cientos de millones de dólares, el giro genera intensos debates internos en EE. UU. por la legitimación de la figura presidencial sin la mediación de nuevos comicios generales, manteniendo las sanciones como una herramienta de presión latente.
Pese al optimismo en los mercados y la reactivación de la cooperación en seguridad y extradiciones, Venezuela enfrenta retos estructurales que este reconocimiento no resuelve de forma inmediata, como una inflación cercana al 60% y una marcada brecha cambiaria. Este desarrollo diplomático coincide con la próxima visita de Rodríguez a Colombia, lo que añade una nueva capa de complejidad a la geopolítica regional. Para el Ejecutivo venezolano, el documento de la administración estadounidense significa un blindaje jurídico clave en las cortes internacionales y un impulso determinante para la reinserción plena del país en el sistema financiero global durante este 2026.
