El diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, informó este jueves que se han concedido 7.727 libertades plenas en el país. De un total de 12.557 solicitudes procesadas por los tribunales, el parlamentario destacó que las peticiones han sido canalizadas a través del Ministerio Público, la Defensa Pública y defensores privados, cumpliendo con los mecanismos de legitimación establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Durante el balance, Arreaza detalló que existen actualmente 7.474 personas bajo medidas cautelares, mientras que el sistema judicial ha rechazado 1.460 solicitudes de libertad. Según explicó el legislador, estas negativas responden a la verificación de delitos comunes que, de acuerdo con el artículo 9 de la mencionada ley, están estrictamente excluidos del beneficio. Entre estos se encuentran casos vinculados a violaciones de derechos humanos, corrupción, narcotráfico y homicidios, los cuales no califican para la amnistía política.
La labor de la Comisión Especial busca garantizar que el proceso de pacificación y convivencia se ajuste al marco legal vigente, diferenciando las causas políticas de los delitos penales graves. Con estas cifras, el Legislativo asegura mantener el monitoreo sobre la ejecución de la ley, enfatizando que el beneficio de libertad plena es una herramienta para la estabilidad democrática, siempre que no vulnere la justicia en casos de criminalidad convencional o abusos fundamentales.
