La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, instrumento sancionado recientemente por la Asamblea Nacional (AN). Mediante una sentencia publicada el pasado 27 de marzo, el máximo tribunal ratificó que la norma cumple con todos los requisitos legales y constitucionales, despejando así el camino para su entrada en vigor. Este aval judicial consolida una reforma estructural que busca modernizar la relación entre el Estado y los ciudadanos.
El objetivo central de esta nueva base normativa es dotar a la Administración Pública de herramientas robustas para ejecutar gestiones de manera ágil y eficaz. Según lo establecido en su artículo 1, la ley prioriza la implementación de mecanismos tecnológicos y procedimentales que eliminen las trabas burocráticas innecesarias. Con esta implementación, el Ejecutivo nacional apunta a una transformación digital y operativa que garantice respuestas oportunas a las solicitudes y peticiones de la colectividad, optimizando el uso de los recursos públicos.
Finalmente, las autoridades proyectan que la aplicación de este instrumento disminuirá drásticamente los plazos de tramitación, fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza del administrado. Al elevar la eficiencia en los servicios del Estado, se espera un impacto positivo directo en la dinámica económica y social del país. Con este paso, Venezuela avanza hacia un modelo de gestión pública más transparente y dinámico, adaptado a las exigencias de celeridad que demanda el contexto actual.
Fuente Informativa: TSJ
