El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, alertó sobre una preocupante «pérdida de fuerza» en la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela, calificando su implementación como discrecional y excluyente. Según cifras de la organización, de las 790 excarcelaciones registradas desde enero, apenas 180 se han tramitado bajo este marco legal. Romero subrayó que el proceso se encuentra estancado y exigió el sobreseimiento inmediato de las causas pendientes, recalcando que las detenciones arbitrarias no tienen justificación jurídica para mantenerse en el tiempo.
La denuncia hace especial énfasis en la exclusión sistemática de los efectivos militares, quienes representan 187 de los 493 presos políticos contabilizados actualmente por la ONG. Un caso emblemático de esta realidad es el de Igber Marín Chaparro, recluido en El Rodeo I, quien tras cumplir su condena original enfrenta un nuevo proceso judicial por supuesta rebelión interna; una maniobra que Romero tilda de estrategia para prolongar su privación de libertad de forma arbitraria. El defensor resaltó que existen personas con más de ocho años bajo medidas preventivas que, por ley, deberían ser juzgadas en libertad.
Ante este escenario de parálisis procesal, Foro Penal anunció que sostendrá una reunión con la Comisión Especial de seguimiento de la Ley de Amnistía para consignar formalmente los casos que los tribunales venezolanos han negado de forma sistemática. La organización insiste en que el Estado debe cesar las demoras injustificadas y garantizar que la amnistía sea integral, alcanzando a todos los sectores procesados sin discriminación para poner fin a las detenciones que carecen de una base jurídica sólida.
Fuente: Declaraciones oficiales de Alfredo Romero, Director de Foro Penal
