la Asamblea Nacional sancionó este jueves de forma unánime la nueva Ley de Minas, un instrumento de 131 artículos que deroga la normativa vigente desde 1999. El nuevo marco legal, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, abre formalmente el sector a la inversión privada y extranjera, permitiendo el uso de mecanismos de mediación y arbitraje para la resolución de conflictos, lo que busca brindar seguridad jurídica a capitales internacionales.
La ley establece controles estrictos y prerrogativas estatales claras, como el derecho preferente del Banco Central de Venezuela para la compra de oro y el establecimiento de regalías de hasta un 13% sobre la producción bruta. Asimismo, el texto incluye una cláusula de ética pública que prohíbe a funcionarios del Estado y sus familiares participar en actividades mineras hasta cinco años después de dejar sus cargos. En materia ambiental, la norma endurece las sanciones, contemplando penas de 10 a 15 años de prisión para quienes realicen explotaciones en áreas bajo régimen de administración especial.
Este giro en la política minera se produce tras el acercamiento diplomático con el secretario de Interior de EE. UU., Doug Burgum, y la reciente emisión de licencias por parte del Departamento del Tesoro estadounidense que autorizan operaciones en el sector aurífero venezolano. Con esta legislación, el Ejecutivo busca capitalizar el interés de empresas norteamericanas y globales, reservándose únicamente el carácter estratégico de minerales radiactivos por razones de interés público.
Fuente: Con información de la Dirección de Comunicaciones de la Asamblea Nacional
