jueves, julio 2, 2026
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Conindustria propone una «Ley Puente» de hasta 5 años para destrabar la economía tras sismos en Venezuela

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) presentó la propuesta legislativa «Macro Marco Jurídico de Transición – Ley Puente-», un mecanismo institucional excepcional diseñado para mitigar los daños económicos provocados por los recientes terremotos. El gremio empresarial plantea una vigencia proyectada de entre 3 y 5 años para esta normativa unificada, con el objetivo de agilizar los procesos frente a la burocracia actual. Según el diagnóstico técnico del sector privado, el volumen de reformas legales urgentes excede la capacidad operativa de los tiempos institucionales ordinarios, por lo que se requiere legislar de manera inmediata para dinamizar el aparato productivo nacional.

El presidente de Conindustria, Tito López, enfatizó la urgencia de adoptar este instrumento legal para reactivar de forma sistémica sectores clave como la manufactura, construcción, comercio, servicios y turismo. “El país exige con determinación acciones legales inmediatas que logren destrabar el aparato productivo nacional”, aseveró el líder gremial, destacando que el proyecto busca generar de forma prioritaria los empleos estables que demandan las familias afectadas. La iniciativa legal está diseñada además para maximizar la formalidad empresarial y contrarrestar el impacto socioeconómico adverso en las regiones golpeadas por la contingencia ambiental. [1]

El diseño estratégico de la propuesta se estructura en tres ejes fundamentales: incentivos fiscales para promover la inversión nacional y extranjera, simplificación extrema de trámites aduaneros con prioridad para el ingreso de ayuda humanitaria, y condiciones especiales para la reconstrucción de infraestructura. Mediante la reducción o exención temporal de tributos nacionales y locales, los industriales buscan viabilizar la reindustrialización y facilitar las operaciones comerciales afectadas. El proyecto normativo ya se encuentra a disposición de los canales institucionales pertinentes para avanzar en su debate y posterior articulación legal con los entes reguladores.

Fuente: Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria)

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