Los sismos registrados el pasado 24 de junio de 2026 en Venezuela afectaron gravemente la memoria histórica y la identidad cultural del país, más allá de las pérdidas humanas y materiales generalizadas. Un estudio preliminar elaborado por los investigadores Zaida García Valecillo y Alejandro Álvarez Iragorry, de la organización Clima21, identificó al menos 87 bienes patrimoniales con daños confirmados o en necesidad urgente de evaluación técnica. Las infraestructuras afectadas se distribuyen en cinco entidades federales y 16 municipios, con una preocupante concentración en el Distrito Capital y el estado La Guaira. El reporte revela que el 45% de los inmuebles evaluados presenta daños de alto nivel, mientras que las edificaciones de origen colonial y de carácter religioso sufrieron el mayor impacto debido a su antigüedad y sistemas constructivos vulnerables.
Entre las estructuras civiles y arquitectónicas más golpeadas destaca la Ciudad Universitaria de Caracas, complejo moderno declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, además de diversos centros históricos e iglesias que constituyen casi la mitad de los bienes inventariados en el reporte. García Valecillo, autora principal de la investigación, advirtió que el impacto trasciende el deterioro físico de las paredes y monumentos, pues vulnera directamente el derecho de las comunidades a preservar su memoria colectiva. Asimismo, el informe de Clima21 desnudó una importante debilidad institucional preexistente: la ausencia de un registro público y actualizado del patrimonio cultural venezolano, una carencia que en la actualidad dificulta la evaluación técnica de los daños, la priorización de los fondos de auxilio y la planificación de las obras de recuperación.
Ante este crítico escenario, la organización recomendó ejecutar de forma inmediata evaluaciones técnicas especializadas, aplicar medidas de estabilización de emergencia y fortalecer los inventarios nacionales. Los expertos instaron a las autoridades a incorporar la conservación de los bienes históricos dentro de las políticas de reducción de riesgos de desastres, siguiendo las directrices internacionales de la Unesco, el Iccrom, el Icomos y el Marco de Sendai. Los autores concluyeron de manera enfática que la reconstrucción del patrimonio cultural no debe relegarse a un plano secundario tras la catástrofe; por el contrario, debe integrarse en una estrategia pública bajo el principio de «reconstruir mejor», colocando la identidad de las personas y la cohesión social en el centro de las decisiones de reconstrucción nacional.
Fuente: Organización Clima21
