El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, insistió en que es imperativo derogar la Ley contra el Odio, por considerar que se trata de una normativa innecesaria que vulnera las garantías democráticas. El defensor de derechos humanos enfatizó que este instrumento jurídico ha tenido un impacto muy negativo en la ciudadanía y en los medios de comunicación, alimentando el miedo institucionalizado y provocando que personas permanezcan privadas de libertad bajo sus parámetros. Según Correa, la ambigüedad de la ley genera una profunda indefinición jurídica que paraliza la dinámica cotidiana de la sociedad.
En el marco del debate sobre la revisión del marco legal venezolano, el vocero destacó que la exigencia de anular esta legislación no es una postura aislada, sino una petición respaldada por la academia de ciencias jurídicas e instancias internacionales. Las organizaciones civiles exigen que el marco regulatorio del país se ajuste estrictamente a los estándares multilaterales de derechos humanos. Correa señaló que, independientemente de si la eliminación de la ley se logra a través de los mecanismos de reforma que se discuten actualmente en el parlamento o por otra vía, lo verdaderamente urgente es su invalidez total.
Finalmente, el director de Espacio Público subrayó la incompatibilidad directa entre esta ley y la Constitución, la cual prohíbe expresamente la censura previa, incluso durante la vigencia de estados de excepción. Correa denunció que el texto legal vigente valida la censura abierta al obligar a los proveedores de servicios y medios de comunicación a prohibir, cerrar o retirar contenidos de manera discrecional. Esta contradicción jurídica, concluyó el portavoz, viola de forma flagrante los principios de libertad de expresión consagrados en la Carta Magna venezolana.
Fuente: Declaraciones oficiales de la Dirección Ejecutiva de la ONG Espacio Público
