Un grupo integrado por 24 organizaciones no gubernamentales y gremios profesionales suscribió un documento público en el que exigen a la Asamblea Nacional la derogación inmediata de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. El pronunciamiento civil coincide con el desarrollo de la consulta pública de la reforma legal aprobada en primera discusión el pasado martes 3 de noviembre. Los activistas de derechos humanos advirtieron que la modificación promovida por el Parlamento contempla un cambio de nombre del instrumento jurídico, pero conserva los mecanismos punitivos que vulneran las garantías fundamentales. Asimismo, solicitaron formalmente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarar la nulidad absoluta de la normativa para poner fin a sus efectos institucionales.
El bloque de organizaciones firmantes reclama de forma unificada la liberación plena de todas las personas privadas de libertad por el ejercicio legítimo de sus derechos ciudadanos, junto con el sobreseimiento de las causas abiertas, la extinción de penas y la eliminación de antecedentes judiciales. En el texto, los denunciantes explicaron que desde su promulgación original, la Ley contra el Odio impone severas restricciones a las libertades de expresión, opinión, información y asociación, así como a las garantías del debido proceso. Cuestionaron además que el proyecto de reforma legislativa mantiene el uso de conceptos jurídicos imprecisos y ambiguos, una estructura que abre espacio a interpretaciones arbitrarias dirigidas a penalizar la crítica, el disenso político o la difusión de información de interés público.
El manifiesto cuenta con el respaldo de entidades de trayectoria civil y académica, entre las que destacan AB Ediciones, Acceso a la Justicia, Caleidoscopio Humano, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Civilis, Espacio Público, IPYS Venezuela, Laboratorio de Paz, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y Provea, a las que se sumaron el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). La postura de las ONGs se alinea con las observaciones hechas en el debate parlamentario por las bancadas opositoras Libertad y Vamos Venezuela, cuyos diputados salvaron su voto en la sesión ordinaria tras calificar la propuesta técnica como un «maquillaje» que elude una respuesta integral y de reparación para las víctimas.
Fuente: Documento conjunto de gremios y organizaciones defensoras de derechos humanos de Venezuela
