lunes, noviembre 16, 2026

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Tamara Suju denuncia tratos crueles contra militares en huelga de hambre dentro de la cárcel de Ramo Verde

La abogada y directora del Instituto Casla, Tamara Suju, denunció que un grupo de militares detenidos en la cárcel de Ramo Verde, en Los Teques, está siendo sometido a tratos crueles e inhumanos tras haber iniciado una huelga de hambre indefinida el lunes 9 de noviembre. Según la activista, la protesta comenzó en reclamo por el grave retardo procesal que afecta a los reclusos. En represalia a la medida de presión, las autoridades del penal habrían encerrado a los manifestantes en la cancha del recinto, restringiéndoles de forma absoluta el acceso a los pisos de celdas, a los sanitarios y al agua necesaria para su hidratación.

La manifestación pacífica fue promovida inicialmente por 21 sargentos vinculados a la sublevación de Cotiza ocurrida en enero de 2019, a quienes posteriormente se sumaron otros 13 efectivos militares procesados por causas de alta resonancia pública, tales como los casos de Paramacay, las operaciones Gedeón y Aurora, el caso Sukhoi y los hechos de la Refinería de El Palito. El detonante de la huelga radica en la paralización de sus causas judiciales; a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó repetir los juicios debido a vicios procesales detectados hace dos años y medio, y de que en abril de 2026 se ratificó el pase a juicio por el presunto delito de «traición a la patria», el proceso formal aún no ha iniciado.

Ante el inminente riesgo para la salud de los huelguistas debido a las restricciones de confinamiento y la falta de líquidos, la defensora de derechos humanos difundió la identidad de los 34 uniformados en huelga para visibilizar su situación jurídica. Asimismo, Suju responsabilizó de manera directa al general de División Luis Ojeda Araujo, director general del Servicio Penitenciario Militar, y al capitán de Navío Leover Pachado Gómez, director del centro de reclusión de Ramo Verde, por cualquier afectación a la integridad física, la salud y la vida de los detenidos.

Fuente: Denuncia pública de la dirección ejecutiva del Instituto Casla

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