El expresidente Evo Morales elevó el viernes la presión sobre el gobierno de Bolivia, al declararse en huelga de hambre después de que sus partidarios, según el presidente Luis Arce, se tomaran tres unidades militares en medio de la protesta que iniciaron el pasado 14 de octubre.
Morales es investigado penalmente por un caso de estupro que él niega y que sus seguidores denuncian como parte de una «persecución judicial y política» del gobierno de Luis Arce, exministro del líder indígena de 65 años.
La crisis se profundizó este viernes, cuando los indígenas y demás campesinos aliados de Morales «tomaron por asalto tres unidades militares, reteniendo como rehenes a militares y a sus familias, y amenazando sus vidas», según denunció Arce redes sociales.
Una fuente de Defensa, que habló bajo reserva, precisó a la AFP que en uno de los destacamentos hay «una veintena» de retenidos entre oficiales y soldados.
Después de 19 días de protesta y enfrentamientos, que dejan 70 heridos, la gran mayoría policías, el gobierno envió a las Fuerzas Armadas para que apoyen a la Policía en el despeje de las carreteras bloqueados por los afines al expresidente.
Morales, entretanto, se declaró en huelga de hambre «para priorizar el diálogo voy a iniciar una huelga de hambre hasta que el gobierno instale (…) mesas de diálogo».
El exgobernante está resguardado, según su partido en la región cocalera del Chapare, en el departamento de Cochabamba. Allí mismo están los puestos militares que, según Arce, fueron asaltados por «grupos armados afines a Evo Morales».
Ahora volcaron la protesta contra el presidente Arce y exigen su renuncia porque lo culpan de la crisis derivada de la falta de dólares que ha restringido las importaciones de combustible que Bolivia vende a precio subsidiado. Ambos líderes se disputan el control de la izquierda oficialista yla nominación presidencial para los comicios de 2025.
La fiscalía abrió la investigación a raíz del presunto abuso de una menor en 2015, cuando Morales era presidente. Según él, se trata de una «mentira más» orquestada por el gobierno para impedirle ser candidato presidencial en 2025. La tensión se elevó aún más después del pasado fin de semana, cuando Morales denunció que agentes del Estado intentaron matarlo a balazos en el Chapare, versión que el gobierno desmintió.
El presidente Arce exigió luego a los manifestantes el desbloqueo «inmediato» de las vías, bajo la amenaza velada de enviar a las fuerzas armadas a los puntos de protesta o incluso de declarar el estado de excepción.
Agencia France Presse
