miércoles, abril 15, 2026
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Demanda la libertad plena y el sobreseimiento de causas judiciales contra todos los ciudadanos detenidos por motivos políticos

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela emitió este sábado un enérgico pronunciamiento en el que demanda la libertad plena y el sobreseimiento de las causas judiciales contra todos los ciudadanos detenidos por motivos políticos en el país. En un documento que analiza la actual coyuntura institucional tras la captura de Nicolás Maduro, la corporación académica enfatiza que las recientes excarcelaciones anunciadas por la Asamblea Nacional deben derivar en una restitución total de derechos civiles, rechazando la imposición de medidas cautelares que limiten la movilidad o la expresión de los beneficiarios. 

La institución académica sostiene que el restablecimiento del Estado de Derecho es un requisito indispensable para la estabilización de la nación y la recuperación de la confianza internacional. En este sentido, instan a los órganos de administración de justicia a actuar con independencia y a cerrar los expedientes basados en cargos como «traición a la patria» o «instigación al odio», los cuales califican como herramientas de criminalización de la disidencia. La Academia subrayó que la transición democrática que se asoma este 2026 requiere un sistema judicial que proteja al ciudadano frente a la arbitrariedad y que no sea utilizado como pieza de canje en negociaciones diplomáticas. 

Finalmente, el comunicado hace un llamado a la sociedad civil y a las organizaciones internacionales a mantenerse vigilantes sobre el cumplimiento de estas garantías. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales recordó que el país no puede avanzar hacia un nuevo ciclo democrático mientras existan ciudadanos bajo procesos judiciales sin fundamento jurídico sólido, instando a la gestión de Delcy Rodríguez a demostrar una voluntad política real mediante el cese definitivo de la persecución. Este pronunciamiento se suma a las voces de ONG y gremios de periodistas que, desde el inicio del año, exigen la normalización institucional como paso previo a cualquier acuerdo económico o político con potencias extranjeras.

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