El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó la excarcelación de un grupo de 88 ciudadanos que permanecían detenidos tras la crisis política desatada por los comicios presidenciales de julio de 2024. Las liberaciones, que se llevaron a cabo principalmente durante la madrugada del 1 de enero de 2026, forman parte de un proceso de revisión de medidas judiciales impulsado por el Ejecutivo para evaluar casos relacionados con presuntos hechos de violencia e incitación al odio registrados en el contexto postelectoral.
Según reportes de organizaciones de derechos humanos y comités de familiares, la mayoría de los beneficiarios se encontraban recluidos en centros como el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) y el centro Las Crisálidas. El Gobierno Nacional ha enmarcado esta decisión como una medida para garantizar el respeto a los derechos humanos y fomentar el «reencuentro familiar», señalando que cada caso fue objeto de una evaluación individual por parte del sistema de justicia antes de otorgar las medidas cautelares correspondientes.
Esta nueva ronda de excarcelaciones se suma a una serie de liberaciones previas ocurridas a finales de diciembre de 2025, en las que el Gobierno reportó la salida de otras 99 personas. Mientras que el oficialismo defiende estas acciones como una política permanente de pacificación, organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal continúan monitoreando la situación, recordando que aún persisten cientos de ciudadanos en prisión por motivos que califican como políticos, en medio de un clima de persistente tensión institucional.
