jueves, abril 16, 2026
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Delcy Rodríguez confirma 406 excarcelaciones y ratifica apertura hacia un «nuevo momento político»

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles 14 de enero de 2026 que el proceso de beneficios procesales se mantiene activo, contabilizando hasta la fecha un total de 406 personas excarceladas. Estos ciudadanos, detenidos desde diciembre de 2025 por delitos relacionados con odio, intolerancia y hechos violentos, han sido liberados como parte de una estrategia para «abrirse a un nuevo momento político».

Según la mandataria, esta medida busca fomentar el entendimiento desde la diversidad ideológica y la coexistencia, enviando un mensaje de reconocimiento mutuo y respeto a los derechos humanos en el marco de la actual transición institucional que atraviesa el país.

El operativo de liberaciones se desarrolla bajo la coordinación directa del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, en estrecha articulación con los organismos de justicia. Rodríguez fue enfática al aclarar que este beneficio excluye estrictamente a individuos vinculados con delitos de narcotráfico y homicidios, priorizando únicamente causas de índole política y social. La jefa de Estado encargada resaltó que esta etapa busca edificar una «nueva espiritualidad» basada en el reconocimiento del otro, permitiendo que la dinámica nacional se desenvuelva en un ambiente de paz y estabilidad jurídica para todos los sectores de la sociedad venezolana.

Durante su balance, la presidenta denunció presuntas irregularidades por parte de organizaciones no gubernamentales, acusándolas de cobrar a familiares a cambio de gestionar libertades. Esta declaración respalda la denuncia previa realizada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el pasado martes.

Ante esto, la mandataria exigió que el proceso sea «limpio y desprovisto de miserias», rechazando lo que calificó como una campaña de «falsedades sobre Venezuela» impulsada por sectores que lucran con la situación de los privados de libertad. Con esta postura, el Ejecutivo busca centralizar la transparencia del proceso directamente a través de las instituciones del Estado.

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