Este lunes 2 de febrero, una coalición de autoridades académicas de las principales universidades autónomas del país acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer un recurso legal por «omisión constitucional». La acción judicial denuncia la falta de un ajuste del salario mínimo y las escalas salariales del sector público, las cuales permanecen congeladas desde el año 2022. La comitiva estuvo encabezada por los decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz; de la Universidad del Zulia (LUZ), Diana Romero La Roche; y el representante de la Universidad de Los Andes (ULA), quienes exigen que el Poder Judicial obligue al Ejecutivo a cumplir con sus deberes constitucionales hacia los trabajadores.
El recurso interpuesto se fundamenta en la violación del Artículo 91 de la Constitución Nacional, el cual establece que todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas. Tras la consignación del documento, el doctor Pablo Aure, secretario de la Universidad de Carabobo (UC), enfatizó que la petición es «clara y justa», subrayando que ningún salario en el país debería ser inferior al costo de la canasta básica. Aure destacó que esta acción no solo busca defender los derechos del personal universitario, sino de todos los empleados públicos del país que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.
Este movimiento legal ocurre en un contexto de creciente presión social por la recuperación del poder adquisitivo, que según informes gremiales de la APUCV, ha dejado a los docentes universitarios con ingresos que apenas alcanzan para cubrir gastos mínimos de subsistencia. Los decanos advirtieron que la falta de respuestas institucionales ha profundizado la fuga de talentos y el deterioro de la educación superior en Venezuela. Con esta demanda, el sector universitario traslada el conflicto salarial a la arena jurídica, a la espera de que la Sala Constitucional se pronuncie sobre la obligatoriedad de indexar los sueldos a la realidad inflacionaria de la nación.
Fuente Informativa: Globovisión y Contrapunto
