La Federación Venezolana de Maestros (FVM) alzó la voz contra la política de «bonificación» del ingreso mínimo, calificándola de insuficiente ante la crisis económica. Carmen Márquez, presidenta de la federación, denunció que el pago a través de la Plataforma Patria despoja a los educadores de sus derechos contractuales, al carecer estos bonos de incidencia en el cálculo de vacaciones, aguinaldos y prestaciones sociales. Para el gremio, este esquema representa un retroceso en las conquistas laborales, dejando a más de 500.000 profesionales en una situación de vulnerabilidad extrema mientras esperan la reactivación de la discusión de su convención colectiva.
La organización gremial subrayó que el actual ingreso mínimo integral, situado entre los 140 y 150 dólares para el personal activo, no cubre ni una fracción de la canasta alimentaria. Márquez instó a las autoridades a realizar un estudio técnico serio que ajuste los salarios a la realidad del mercado, señalando que, para vivir con dignidad, el ingreso docente debería ser al menos cuatro veces superior al actual. «La capacidad de resistencia ha sido sobrepasada por una inflación persistente», afirmó la dirigente, quien enfatizó que el magisterio no solicita ayudas temporales, sino la restitución de un salario formal que reconozca su trayectoria y formación profesional.
El descontento docente escala ante un costo de vida que se encarece diariamente, convirtiendo el ejercicio de la enseñanza en un acto de sacrificio personal. La FVM reiteró que la estabilidad del sistema educativo depende directamente de la recuperación del poder adquisitivo de sus trabajadores, quienes hoy se ven obligados a buscar alternativas económicas para subsistir. Con este pronunciamiento, el sector educativo presiona por una respuesta gubernamental que trascienda los ajustes aislados y se traduzca en una política salarial coherente que garantice el bienestar de quienes tienen la responsabilidad de formar a las futuras generaciones.
