La clase trabajadora venezolana califica como una «burla» su situación económica actual, al cumplirse cuatro años desde el último ajuste del salario mínimo, anclado en 130 bolívares desde marzo de 2022. Aunque el Ejecutivo nacional decretó recientemente un alza del 25% en el Bono contra la Guerra Económica, el beneficio se traduce en apenas 30 dólares para activos, 20 dólares para jubilados y escasos 10 dólares para pensionados. Durante recientes jornadas de protesta, los gremios denunciaron que estos ingresos no guardan relación con el costo de la canasta básica ni con la profunda crisis que atraviesa el país.
La asfixia presupuestaria ha obligado a los profesionales a migrar hacia la economía informal para cubrir necesidades básicas de alimentación y salud. Yaneth Camacho, dirigente de Sinvema, ejemplifica esta realidad al recurrir a la costura para costear tratamientos de hipertensión y diabetes, evidenciando que el ejercicio docente por sí solo es insuficiente. Este fenómeno de multiactividad laboral se ha convertido en la norma de supervivencia para miles de familias que intentan garantizar, además, la educación de sus hijos frente a un ingreso oficial pulverizado por la inflación.
Ante la falta de respuestas institucionales, los sindicatos mantienen una agenda de movilización permanente en exigencia de un incremento salarial real que dignifique la labor del sector público. Los trabajadores enfatizan que los bonos no sustituyen el salario ni tienen incidencia en las prestaciones sociales, dejando a la población en un estado de vulnerabilidad financiera crítica. La exigencia es unánime: una política económica que reconozca el valor del trabajo y permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos 48 meses.
Fuente: Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema)
