Miembros de la Red de Excarcelados mantuvieron este martes una reunión de alto nivel con representantes de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Caracas, con el fin de denunciar el estancamiento en las liberaciones y la falta de garantías jurídicas en el país. El dirigente Williams Dávila, vocero del encuentro, alertó sobre el riesgo de que el Estado pretenda «normalizar» la situación política actual, paralizando la aplicación de la Ley de Amnistía y dejando en el olvido a numerosos ciudadanos que aún permanecen bajo custodia por motivos políticos.
Durante la jornada, se expusieron casos críticos que vulneran la normativa legal vigente, como el del Teniente Coronel Víctor Soto Méndez, con ocho años de prisión, y el de Mary Torres, de 71 años, cuya detención ignora la disposición del Código Orgánico Procesal Penal que prohíbe la reclusión en centros penitenciarios para mayores de 70 años. Dávila subrayó que estas irregularidades, sumadas a la situación de los hermanos Ekea Torres —uno recluido en El Rodeo I y otro bajo amenaza de deportación desde Colombia—, reflejan una política de Estado que ignora el debido proceso y los compromisos internacionales en materia de derechos fundamentales.
Finalmente, la Red puso el foco sobre la «confiscación de facto» de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las víctimas ya liberadas, denunciando que la falta de devolución de estos activos anula cualquier pretensión de seguridad jurídica en la nación. El grupo de ex-detenidos hizo un llamado urgente a las autoridades venezolanas para retomar la celeridad en los procesos de liberación y avanzar hacia una reconciliación nacional genuina, enfatizando que la paz verdadera solo será posible mediante el respeto integral a la propiedad privada y la justicia plena.
Fuente: Nota de prensa oficial – Vocería de Williams Dávila y Red de Excarcelados
