En un clima de alta tensión social y expectativas económicas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un ajuste del 40 % en el ingreso mínimo integral, elevando las pensiones a un equivalente de 70 dólares mensuales. No obstante, las primeras impresiones destaca que la medida mantiene una estructura de bonificaciones que no impacta el salario mínimo —estancado en 130 bolívares— y establece los pagos exclusivamente en moneda nacional según la tasa oficial del Banco Central. Rodríguez reconoció que el monto para los adultos mayores «no es suficiente» y anunció un bono retroactivo para sectores estratégicos, en un esfuerzo por contener el descontento de las bases laborales que hoy dependen críticamente del tipo de cambio.
Mientras los anuncios oficiales se sucedían, las calles de la capital se convirtieron en escenario de fuertes protestas. Organizaciones sindicales y ONG como Provea denunciaron el bloqueo policial de las rutas hacia el palacio de Miraflores, criticando que el trabajo en Venezuela se ha transformado en una «condena a la pobreza». En un comunicado firmado por más de 50 agrupaciones, los trabajadores exigieron el restablecimiento del Estado de derecho y un aumento real del salario base. Este malestar interno contrasta con la narrativa de recuperación del Ejecutivo, que apuesta por la «bonificación» del ingreso como fórmula para evitar una mayor presión sobre el gasto público.
En paralelo a la agitación social, la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía fue testigo de un hito diplomático: el aterrizaje del primer vuelo comercial de American Airlines en siete años. En la aeronave arribó una delegación de la Casa Blanca junto a inversionistas estadounidenses interesados en los sectores de gas y petróleo, marcando el inicio de una fase de cooperación energética sin precedentes. Este acercamiento con Washington, celebrado por altos funcionarios de ambos países a pie de pista, se perfila como el oxígeno financiero que el Gobierno necesita para sostener los recientes ajustes y estabilizar la economía a mediano plazo.
Fuente: Comunicado de Organizaciones Sociales (Provea) / EIA
