El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) emitió una alerta urgente este lunes 11 de mayo tras documentar el fallecimiento de al menos 14 personas privadas de libertad bajo custodia del Estado venezolano entre abril y los primeros días de mayo de 2026. La organización denunció que estas muertes no son hechos aislados, sino el resultado de un deterioro sistémico de las condiciones de reclusión, marcado por el hacinamiento crítico, la desnutrición y una «ausencia total de garantías para la vida». Entre los casos más alarmantes destaca el de Leonel Enrique Rodríguez Ramos, quien murió el pasado 10 de mayo en la Comunidad Penitenciaria Fénix (Lara) tras sufrir un paro respiratorio, sumándose a una lista de decesos que la ONG califica como consecuencia de la falta de atención médica oportuna.
La crisis ha golpeado diversos centros penitenciarios del país, incluyendo recintos como el Judicial 26 de Julio, la antigua cárcel de El Marite, Tocuyito, Uribana, Rodeo IV y Rodeo III. Especial atención ha generado la situación en el Centro Penitenciario Yare III, donde se registraron cinco muertes tras un motín el pasado 21 de abril; aunque la versión oficial atribuye los decesos al enfrentamiento, familiares han denunciado heridas por arma de fuego en los cuerpos. Asimismo, el OVP resaltó la muerte del exconcejal José Manuel García Sabino en los calabozos de Polianaco (Anzoátegui); aunque inicialmente se manejó como un suicidio, la autopsia reveló asfixia mecánica, lo que ha llevado a las autoridades a investigar el caso como un presunto homicidio y a imputar a 34 compañeros de celda.
Ante este escenario, el director del OVP, Humberto Prado, exigió una investigación exhaustiva e independiente, instando a la intervención inmediata del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo con el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos. La organización criticó la opacidad oficial y el silencio del Ministerio de Servicio Penitenciario frente a un patrón recurrente donde los reclusos fallecen por enfermedades tratables o en contextos de violencia interna sin diagnósticos claros. Estas denuncias ya han sido elevadas a instancias internacionales para documentar lo que consideran una violación flagrante al derecho a la salud y la integridad física dentro del sistema carcelario venezolano.
Fuente:Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
