La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, colideró este lunes el lanzamiento de la «Gran Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal» desde el Coliseo de Petare, en el estado Miranda. Durante el encuentro, la mandataria interina anunció una reestructuración profunda del aparato judicial con el objetivo prioritario de frenar las prácticas ilícitas y los abusos de poder dentro de las instituciones de seguridad y tribunales. Rodríguez enfatizó la urgencia de renovar la confianza ciudadana en el sistema legal mediante mecanismos de control más estrictos y transparentes.
En su intervención formal, la jefa de Estado interina exigió el cese inmediato de los cobros ilegales y la coacción ejercida por malos funcionarios contra la población civil. «Quiero acabar con la matraca y la extorsión, se acabó, ya basta, el pueblo venezolano lo pide», sentenció, al tiempo que solicitó el apoyo activo de la sociedad y de las instituciones públicas para consolidar la depuración del sistema. Asimismo, defendió la integridad de los policías, fiscales y jueces honestos, señalando que es injusto que la reputación de todo el gremio se vea afectada por las acciones de minorías corruptas.
Como medida inmediata para canalizar las demandas de las víctimas y facilitar la contraloría social, el Ejecutivo Nacional habilitó formalmente la línea telefónica gratuita 0800-EXTORSION (0800-398677466). Esta plataforma tecnológica busca descentralizar los canales de denuncia tradicionales y garantizar el anonimato de los ciudadanos afectados por malas praxis judiciales. El despliegue de la reforma penal continuará a través de debates públicos en las distintas regiones del país para recopilar propuestas de los sectores comunitarios y jurídicos.
Fuente: Declaraciones oficiales de la Presidencia Encargada de la República
