Durante una asamblea con productores y caficultores locales en el estado Portuguesa, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de reforma a la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. El anuncio se efectuó en el marco de un encuentro comunitario transmitido en vivo, donde la mandataria vinculó la iniciativa legal con los esfuerzos estatales de reinserción institucional. El objetivo formal de la modificación parlamentaria es redefinir los márgenes de aplicación de la norma sancionada originalmente en 2017.
En su intervención ante el sector agrícola, Rodríguez admitió públicamente la existencia de desviaciones y fallas críticas en la ejecución práctica del actual instrumento jurídico. «Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley», manifestó de forma directa la jefa de Estado, coincidiendo con cuestionamientos de diversos sectores que han señalado la severidad y discrecionalidad de las sanciones del texto original. Ante esta situación, el Ejecutivo busca establecer un nuevo marco para regular la tipificación de conductas delictivas ligadas a la intolerancia.
La mandataria interina fundamentó la urgencia de esta reforma en la necesidad de resguardar la aceptación del pensamiento diverso como un pilar insustituible de la dignidad humana. Asimismo, instó formalmente a la ciudadanía venezolana a deponer posiciones de confrontación para «sustituir el odio por el amor y la intolerancia por la convivencia», ratificando que el propósito principal de la discusión legislativa es garantizar un espacio de respeto mutuo e inclusión política en el país.
