El gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, fijó una postura contundente frente al debate legislativo nacional al exigir la derogación total de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. El mandatario regional rechazó de forma categórica la propuesta de reforma parcial que actualmente evalúa la comisión especial de la Asamblea Nacional. Galíndez argumentó que el instrumento legal no debe someterse a simples modificaciones técnicas o de redacción, sino ser removido por completo del ordenamiento jurídico para garantizar el pleno ejercicio de las libertades ciudadanas.
El mandatario cojedeño advirtió sobre los riesgos de mantener normativas que restrinjan el disenso político. Asimismo, criticó que se utilice el resentimiento institucionalizado como una vía para la imposición de modelos políticos dentro del país, sumándose al exhorto colectivo de restablecer las garantías para la libre expresión.
Como alternativa a los marcos regulatorios de carácter sancionatorio, el gobernador defendió un modelo de gestión pública basado en la convivencia ciudadana y el respeto mutuo. «En Cojedes practicamos la ideología de la comprensión y del amor», sostuvo Galíndez, enfatizando que los conflictos políticos deben canalizarse mediante el reconocimiento del adversario y no a través de legislaciones severas. El mandatario regional concluyó que las decisiones impulsadas por la confrontación solo generan errores sistémicos, por lo que instó al Poder Legislativo a priorizar políticas de reconciliación nacional genuina sobre reformas legales de carácter superficial.
