La ONG Espacio Público se pronunció sobre el proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio, avalado por la Sala Constitucional del TSJ. Aunque la propuesta elimina las penas de 10 a 20 años de prisión y otras sanciones drásticas, la organización advierte que se mantienen mecanismos para criminalizar la libre expresión de activistas, periodistas y ciudadanos.
El texto sustituye la cárcel por multas de 500 a 10.000 euros y trabajo comunitario bajo la potestad del Ejecutivo. Asimismo, persiste la censura al exigir el retiro inmediato de contenidos en redes sociales sin orden judicial, conservando conceptos ambiguos y la vía penal. Por ello, la ONG exigió a la Asamblea Nacional la derogación total de la normativa y la libertad plena de los procesados.
