En el marco de su presentación de Memoria y Cuenta 2026, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, entregó este jueves ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos. Esta propuesta legislativa surge como una respuesta estructural a las distorsiones del mercado interno, buscando establecer un marco jurídico sólido que proteja de manera directa a los consumidores venezolanos.
Durante su intervención, la mandataria explicó que el texto legal pretende equilibrar la relación entre proveedores y usuarios, garantizando que el acceso a bienes y servicios no sea vulnerado por prácticas especulativas en un contexto económico de alta volatilidad.
El objetivo central de la ley es la creación de mecanismos de control y seguimiento que aseguren que los productos comercializados en el territorio nacional cumplan con estándares de óptima calidad. Rodríguez detalló que la normativa no solo se enfoca en el precio, sino en la protección integral del ciudadano frente a deficiencias en la oferta de servicios tanto públicos como privados.
Con este instrumento, el Ejecutivo busca dotar al Estado de herramientas más ágiles para la fiscalización, permitiendo una intervención oportuna que evite el deterioro del poder adquisitivo y asegure que la oferta comercial responda a las necesidades reales de la población.
La presentación del proyecto ante el Parlamento marca el inicio de un debate urgente en las comisiones permanentes, donde se espera que se definan las sanciones y los incentivos para el cumplimiento de la norma. Al elevar esta iniciativa a rango de Ley Orgánica, la administración de Rodríguez apuesta por una institucionalización de la defensa del consumidor como pilar de su gestión económica para 2026. La presidenta encargada enfatizó que esta ley es una pieza clave para la estabilización social, enviando un mensaje de orden y protección a una ciudadanía que demanda respuestas concretas ante la compleja dinámica de precios que atraviesa el país.
