El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) solicitó formalmente la derogación inmediata de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, denunciando que el instrumento legal funciona como un mecanismo de persecución judicial en Venezuela. La organización gremial alertó sobre el impacto de esta normativa en el ejercicio periodístico, señalando que contempla severas penas de hasta 20 años de cárcel. Estas sanciones, según el sindicato, se han aplicado de forma recurrente contra reporteros, informadores y profesionales de la comunicación que difunden denuncias ciudadanas o mantienen posturas críticas frente a la gestión pública.
A través de un comunicado oficial, la representación sindical enfatizó que las medidas cautelares, los expedientes abiertos y cualquier otra restricción derivada de la aplicación de esta ley deben ser revisados y cerrados de manera definitiva. El SNTP sostuvo que suspender el uso de la normativa de forma temporal es insuficiente para garantizar el libre ejercicio informativo, por lo que resulta indispensable anular el texto legal por completo. La institución gremial busca con esta exigencia que se detenga la criminalización de la actividad periodística y se restablezcan las garantías plenas para la libertad de expresión en el país.
Los registros consolidados por la organización revelan que, para enero de 2026, un total de 40 trabajadores de la prensa se encontraban privados de libertad o sujetos a procesos judiciales en el territorio nacional. Dentro de este grupo, 28 comunicadores afrontaban imputaciones basadas específicamente en la citada legislación, lo que demuestra el peso de dicho marco jurídico en los procedimientos actuales. Los datos aportados por el sindicato confirman que siete de cada diez periodistas procesados en el país mantienen cargos vinculados directamente a los tipos penales de incitación o promoción al odio.
Fuente informativa: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)
