El doctor en Derecho y profesor constitucionalista de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Rafael Chavero, ofreció un balance sobre el panorama judicial venezolano, centrándose en las debilidades del proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el impacto social de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. El jurista expresó serias reservas sobre la inclusión de diputados activos dentro del Comité de Postulaciones Judiciales. A su juicio, la presencia de legisladores contraviene el espíritu de la Constitución y debilita la independencia necesaria para nombrar a los administradores de justicia, desvirtuando el principio de separación de poderes.
Respecto a la aplicación práctica de la legislación dictada en 2017, el especialista argumentó que la normativa ha desviado por completo su propósito conceptual original —orientado teóricamente a la protección frente a la discriminación— para convertirse en una herramienta de persecución al discurso político disidente. Chavero citó alarmantes casos de ciudadanos encarcelados con penas que oscilan entre los 15 y 30 años de prisión por el simple hecho de denunciar fallas en servicios públicos o emitir opiniones críticas mediante plataformas de mensajería privada. «Es una ley dictada con el único fin de generar pánico y censura», aseveró con contundencia el catedrático.
Ante el debate legislativo actual, el jurista sostuvo que la normativa carece de legitimidad de origen y debe ser derogada en su totalidad. No obstante, advirtió que en el escenario de una eventual reforma, el estamento tendría que adecuarse obligatoriamente a estándares internacionales de derechos humanos, haciendo mención específica al Plan de Acción de Rabat. Esta directriz de la ONU delimita con rigurosidad la incitación inminente a la violencia y el odio de origen étnico o religioso, excluyendo de forma expresa la crítica gubernamental y la libre expresión política de cualquier tipo de criminalización penal.
Fuente: Declaraciones del constitucionalista Rafael Chavero
