La Fiscalía de Florida obtuvo este lunes 19 de octubre de 2026 una orden de arresto estatal sin derecho a fianza contra el expresidente cubano Raúl Castro, acusado de conspiración para cometer asesinato en primer grado. El dictamen judicial, anunciado por el fiscal general estatal, James Uthmeier, responde a la reapertura de la investigación sobre el derribo de dos avionetas civiles desarmadas pertenecientes a la organización humanitaria Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. Las aeronaves Cessna fueron destruidas con misiles aire-aire por cazas MiG cubanos fuera de sus aguas territoriales, causando la muerte de los pilotos Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.
Según las evidencias de la declaración jurada, Castro —quien en el momento del ataque fungía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y primer vicepresidente de Cuba— figuraba como el máximo responsable en la cadena de mando que autorizó el uso de fuerza letal de manera directa. Las pesquisas indican que una red de espías del Gobierno cubano infiltrada en comunidades de Florida recopiló y transmitió información de inteligencia crucial sobre los planes de vuelo de la organización civil. Esta medida estatal se suma formalmente al proceso penal independiente por cargos de asesinato y conspiración que la justicia federal estadounidense ya había presentado contra el exmandatario de 95 años en mayo pasado.
Este requerimiento judicial transcurre en medio de un notable incremento de la presión diplomática y económica de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia el Gobierno de La Habana. Si bien las autoridades norteamericanas reconocen que las posibilidades inmediatas de apresar a Castro en suelo cubano son escasas, la orden de detención busca restringir sus desplazamientos a escala internacional y habilitar su captura en terceros países con convenios de extradición vigentes. Por su parte, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez expresaron su rechazo absoluto a la medida y la calificaron de maniobra política sin bases jurídicas reales.
Fuente informativa: Fiscalía General del Estado de Florida
