Durante la sesión ordinaria de este jueves 5 de noviembre de 2026, la plenaria de la Asamblea Nacional avanzó de forma significativa en la reestructuración del sector energético al aprobar en segunda discusión 95 artículos del proyecto de ley de reforma parcial del Sistema Eléctrico Nacional. La jornada parlamentaria, conducida por el primer vicepresidente del Legislativo, diputado Pedro Infante, concluyó con el diferimiento de los 20 artículos restantes para la próxima sesión, debido a que el cuerpo normativo completo consta de un total de 115 apartados.
El marco jurídico aprobado estipula con precisión los derechos, deberes y tipologías de los suscriptores en todo el territorio nacional, dividiéndolos formalmente en dos grandes categorías administradas por la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional. Por un lado, los usuarios generales operarán bajo el régimen de tarifas y subsidios fijados por el Ejecutivo Nacional; por el otro, los usuarios especiales contarán con la autorización de acordar tarifas directamente con las operadoras, edificar sus propias líneas de transmisión o pagar un peaje pactado por el uso de las redes existentes. La normativa impone un estricto régimen de deberes ciudadanos, obligando al pago puntual de la energía consumida, la prohibición de ceder el suministro a terceros, el resguardo de los medidores y la facilitación del acceso al personal identificado de la empresa operadora.
Adicionalmente, el estatuto introduce medidas rigurosas enfocadas en la eficiencia y el financiamiento del servicio. En el ámbito corporativo, los grandes consumidores que mantengan una demanda superior a 2 megavatios quedarán obligados legalmente a diseñar y ejecutar un plan de uso racional de la energía. Asimismo, la ley aborda la gestión del alumbrado público bajo un esquema de corresponsabilidad financiera, obligando a los municipios a cancelar el costo de la energía consumida en las luminarias de sus delimitaciones geográficas, previa facturación de la empresa distribuidora. Con el fin de mantener los valores actualizados frente a la crisis del sector, la Superintendencia asumirá la responsabilidad de revisar anualmente los costos eficientes en cada una de las fases de la cadena: generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización.
Fuente: Asamblea Nacional de Venezuela (AN) / Declaraciones del diputado Pedro Infante
