En un esfuerzo por salvaguardar las garantías constitucionales, las autoridades de seguridad ciudadana han ratificado este fin de semana la prohibición absoluta de la revisión o inspección de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en alcabalas u operativos policiales. La medida recuerda a los cuerpos de seguridad que ningún funcionario está facultado para exigir el acceso a la información privada de los transeúntes sin una orden judicial previa.
Esta disposición busca erradicar prácticas irregulares en las vías públicas y asegurar que los procedimientos de control se limiten estrictamente a la verificación de documentos de identidad y de propiedad de vehículos. El comunicado oficial enfatiza que este tipo de acciones, realizadas de forma arbitraria, podrían constituir una violación flagrante al derecho a la privacidad y un exceso en el ejercicio de las funciones policiales. Se advirtió que la revisión de contenidos personales —como chats, fotografías o redes sociales— contraviene los principios de inviolabilidad de las comunicaciones privadas establecidos en el marco legal vigente. En este sentido, se ha instruido a los comandantes de zona y directores de cuerpos policiales a supervisar directamente el comportamiento de los efectivos en los puntos de control para evitar abusos de autoridad que vulneren la integridad de los ciudadanos.
Ante cualquier irregularidad, se insta a la población a denunciar estas prácticas a través de los canales institucionales de atención al ciudadano. Las autoridades subrayaron que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental del nuevo modelo de seguridad pública, y que cualquier funcionario que incurra en estas faltas será objeto de las sanciones administrativas y penales correspondientes. Con esta ratificación, el Ejecutivo busca fortalecer la confianza entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad, garantizando que el libre tránsito por el territorio nacional no se vea empañado por procedimientos que excedan los límites de la ley.
